La futura Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información, sometida a consulta pública

ndustria planea introducir estas medidas en la futura Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información, texto que se presenta ya a consulta pública.

Según explicó Ros en la clausura del XX Encuentro de las Telecomunicaciones en Santander, al Ejecutivo le "preocupa mucho" que los ciudadanos se sientan "seguros y confortables" con el uso de las nuevas tecnologías. "Uno de los problemas de utilización de Internet es que por la Red llega información no deseada e incluso fraudulenta o que induce a actuaciones no deseables", dijo Ros, por lo que el Gobierno "quiere tener la máxima vigilancia".

En cuanto a los contenidos "no deseables" precisó que no se trata de 'spam' (correo basura) porque "el usuario puede establecer medidas de control", según él, y se limitó a señalar que "se trata de que el usuario sepa que le pueden poner en riesgo la utilización de determinadas conexiones o herramientas de Internet".

En esta materia, destacó el Centro de Alerta Temprana para detección de virus, y el proyecto de un "centro de referencia nacional" en el Inteco de León para la protección no sólo virus, "sino también otro tipo de prácticas indeseables que puedan ir apareciendo en Internet y que tengan incidencia en los usuarios", apuntó.

Cerrar contenidos

En esta línea se expresó también el todavía ministro de Industria, José Montilla, que adelantó que el nuevo texto "establece un mecanismo más efectivo para permitir el control de los contenidos a nivel internacional". "Es decir, se contempla la posibilidad de impedir el acceso desde España a servicios o contenidos cuya interrupción o retirada haya decidido un órgano competente", precisó Montilla.

La nueva ley tratará además de dar un tratamiento regulatorio y de impulso "integrado" tanto a los servicios de comunicaciones como de transmisión de datos y del sector audiovisual, "áreas en principio diferenciadas y actualmente en proceso de convergencia", según Industria.

Por último, Ros se refirió a los resultados de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, puesta en marcha en abril de 2005. Entre enero y junio de 2006, la Oficina ha recibido más de 30.000 consultas, de las que el 51,2% se refieren a acceso a Internet, el 33,9% a telefonía fija y el 14% a telefonía móvil.

Datos personales

Por otro lado, el director general de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, aseguró, en relación con la obligación de las operadoras de telefonía a identificar a los dueños de tarjetas de móvil, que esta medida no perjudica a los consumidores, aunque matizó que el Gobierno debe "vigilar la utilización futura de esos datos".

Asimismo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) advirtió que vigilará que el control de las comunicaciones telefónicas se ajuste en el futuro a la legislación vigente y respete "los principios de proporcionabilidad, durabilidad y finalidad" de la protección de los datos personales.

En este sentido, Piñar insistió que, aunque no son un órgano con competencias en la elaboración de leyes, cualquier normativa relacionada con la protección de datos debe ser sometida a un informe por parte de la agencia, que de momento "no ha sido consultada".

Además, Piñar afirmó en que el anteproyecto que están elaborando los ministerios de Justicia e Interior supondría trasponer la Directiva sobre Retención de Datos de Tráfico Telefónicos y de Comunicaciones Electrónicas aprobada por el Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea el pasado 21 de febrero, y que ya fue analizada por un grupo europeo de autoridades de protección de datos formado por las agencias de cada país.