El 65% de los españoles considera que empresarios y autónomos defraudan a Hacienda de forma habitual

l estudio, realizado en 2005 a través de una encuesta a 1.500 españoles distribuidos entre empresarios, agricultores, profesionales, asalariados y desempleados, pone de manifiesto que incluso el 45% de los empresarios consultados opina que el colectivo al que pertenece es el que mayoritariamente defrauda de forma habitual a la Hacienda Pública.

Para la mayor parte de los españoles, que sean empresarios, profesionales y autónomos quienes cometen más fraude fiscal en comparación con los asalariados se debe a que las actividades económicas de estos colectivos están sometidas a un menor control por parte de Hacienda y, por ello, ofrecen mayores oportunidades de evasión.

Por el contrario, los asalariados mantienen una conducta fiscal más honesta porque, al estar controlada la parte más importante de sus ingresos mediante el sistema de retenciones salariales, tienen menos oportunidades que los demás grupos de contribuyentes para ocultar con éxito las rentas que deben declarar.

Entre las principales causas del fraude fiscal que mencionan los españoles, la primera es la falta de honradez y de conciencia cívica de los contribuyentes (23%) y la segunda, la impunidad de los grandes defraudadores (20%). Junto a ellas, los consultados entienden que la ineficacia en la lucha contra el fraude (18%) y la presión fiscal excesiva (15%) son los otros dos factores que más influyen a la hora de eludir el pago de impuestos.

MEJORA DEL CUMPLIMIENTO FISCAL.

En términos generales, el 59% de los encuestados por el IEF, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, considera que el grado de cumplimiento fiscal ha mejorado en la última década, aunque para el 41% ha empeorado. A pesar de que más de la mitad de los españoles estima que ha mejorado, este porcentaje está diez puntos por debajo de los que opinaban lo mismo un año antes y contrasta con el 86% que destacaba la mejora en 1998.

Los factores que explican, según los españoles, el mayor cumplimiento fiscal son, por este orden, las retenciones salariales, el control ejercicio por la Inspección de Hacienda y la mayor conciencia cívica de los contribuyentes.

En términos casi contradictorios con esta opinión mayoritaria de mejora del cumplimiento fiscal, los españoles se reparten casi a partes iguales entre los que opinan que el fraude fiscal ha disminuido en la última década (52%) y los que piensan que ha aumentado (48%), lo que demuestra la polarización de los ciudadanos respecto a este tema.

A pesar de ello, el 59% de los encuestados reconoce que, si bien persisten los engaños a Hacienda, e incluso los casos de notorio incumplimiento fiscal, en general, el pago de impuestos se realiza de un modo "bastante correcto". Frente a esta opinión mayoritaria, el 41% considera, en cambio, que el fraude fiscal es una conducta generalizada entre los contribuyentes españoles.

En cuanto a los tipos de fraude más perjudiciales para la sociedad, en opinión de los encuestados, mantener la actividades económicas ocultas a Hacienda es el tipo de fraude más nefasto de todos (31%), seguido del hecho de no ingresar a Hacienda las retenciones salariales a cuenta del IRPF y de no pagar en su integridad el Impuesto sobre Sociedades. En cuarto lugar, aparece la circunstancia de no presentar la declaración de la renta aunque corresponda.

Finalmente, sobre la justificación del fraude fiscal, el 54% de los españoles no encuentra justificación alguna, pero un porcentaje nada despreciable (el 46%), justifica, de un modo u otro, la conducta defraudatoria y lo atribuye, en parte, a cuestiones como la necesidad de salir adelante o la elevada presión fiscal.

DESCENTRALIZACIÓN FISCAL.

El estudio del IEF también se ocupa de analizar la imagen corporativa de la Hacienda Pública. La opinión pública española continúa insistiendo en las dificultades que tiene para comprender la normativa fiscal y para cumplimentar las declaraciones tributarias, aunque el 33% de los españoles utiliza los servicios de ayuda de la Agencia Tributaria.

Igualmente, la encuesta analiza cuestiones relativas a la descentralización fiscal, llegando a la conclusión de que la mayoría de los españoles piensa que el Estado central es el responsable de los servicios públicos. Sin embargo, estas proporciones varían cuando se pregunta por los deseos de los ciudadanos, aumentando la proporción de los proclives a que sean las comunidades las que asuman la responsabilidad de los servicios públicos y las prestaciones sociales.