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caso cerrado
Archivada la denuncia de un trabajador que acusó a su empresa de leer su correo electrónico
10 May 2005 | EUROPA PRESS
La sentencia concluye que la compañía no cometió delito y archiva las diligencias informativas que abrió a raíz de la denuncia interpuesta en la vía penal por el trabajador. El denunciante sí consiguió que le dieran la razón en la jurisdicción laboral. Según recoge la resolución del fiscal a la que tuvo acceso Europa Press, el denunciante trabajaba como director de exportación en la empresa, dedicada a la fabricación de cerraduras.
El 25 de marzo de 2004 fue despedido porque durante la jornada laboral "intervino activamente en relaciones comerciales y estableció contactos de intermediación" para otras empresas ajenas a la suya, todo ello "en su propio provecho e interés y a espaldas de la misma". La compañía comprobó esos contactos en abril de ese año, cuando la gerente accedió, delante de un notario, a la información contenida en el ordenador que el denunciante utilizaba en la empresa, tanto archivos como a mensajes del correo electrónico.El Ministerio Público señala que, según las pautas establecidas por el Tribunal Constitucional, esa medida fue "idónea" para el objetivo de la empresa de verificar si el empleado cometía irregularidades. También dice que fue "necesario", dado que difícilmente se podía comprobar la existencia de conversaciones "espúreas" con otras compañías si no se accedía al texto íntegro de los mensajes.Indagaciones selectivasPor otra parte, estima que es una medida "proporcional" porque las indagaciones se limitaron al ordenador y no se extendieron, por ejemplo, a la línea telefónica. El fiscal asegura que la actuación de la patronal "no obedeció al propósito de descubrir los secretos o vulnerar la intimidad" del empleado, puesto que la apertura de los archivos y mensajes se realizó "selectivamente" y ante notario, y el acta que levantó este último sólo contenía información de carácter profesional.En base al Estatuto de los Trabajadores y el convenio para la industria siderometalúrgica de Guipúzcoa la Fiscalía concluye que el empleador "sí tiene derecho a examinar el contenido de los equipos informáticos" que le pertenezcan, siempre que lo haga "con el exclusivo fin de garantizar o fiscalizar su correcto empleo". - Boletín
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HEFAME, CONDENADA A READMITIR
A UN DESPEDIDO QUE DIFUNDÍA INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DISTRIBUIDORA
La distribuidora farmacéutica HEFAME, la principal empresa de la región de Murcia, ha sido condenada a readmitir a un trabajador cuyo despido ha sido declarado nulo por el Juzgado de los Social nº 2 de Murcia, después de que el magistrado titular hubiera determinado que se había producido una vulneración empresarial de los derechos de libertad de expresión y de información, en relación con el derecho de libertad sindical.
La sentencia se produce tras la demanda presentada por Cristóbal Susarte Jiménez, trabajador de Hefame y representante sindical en la empresa, que fue despedido después de que el Consejo Rector de la empresa la hubiera abierto un expediente sancionador porque, desde su correo electrónico, reenviaba cuantas informaciones se publicaban sobre la situación de la empresa y la actuación de sus directivos. Informaciones especialmente negativas por cuanto tenían que ver con el deterioro en la gestión y, sobre todo, con las denuncias realizadas sobre supuestas irregularidades contables después de que se hubiera tenido conocimiento de que podría existir un agujero económico de 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros). Uno de los primeros que denunció tal agujero fue el actual presidente de Hefame, Antonio Abril, cuando se presentó a las elecciones de la distribuidora en el año 2000 y así aparece en la sentencia.
El juez, que realiza un amplio análisis de las sentencias más recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Constitucional Español sobre el derecho a la libertad de expresión y de información, subraya que la relación laboral, fruto de un contrato de trabajo, no implica en modo alguno la privación para el trabajador del derecho a la libertad de expresión. Y señala que no es posible defender la existencia de un deber genérico de lealtad, con un significado omnicompresivo de sujeción del trabajador al interés empresarial, pues ello no es acorde con el sistema constitucional... No basta con la sola afirmación del interés empresarial para restringir los derechos fundamentales del trabajador...
La sentencia, que además constata los enfrentamientos internos que se viven en Hefame en los últimos años, algunos de los cuales han salido a la luz pública, concluye diciendo que los derechos de libertad de expresión, de información y de libre actuación sindical, adquieren unas amplias dimensiones que se sitúan, en este caso, por encima del derecho al honor invocado por el empresario, máxime cuando, precisamente por la extraordinaria importancia que la demandada tiene en la vida social y económica de esta Comunidad Autónoma, su Consejo Rector y las personas que lo integran tienen la consideración de personajes públicos, obligados por tanto a soportar un debilitamiento de su derecho al honor.
Barbizon S.L.